La creciente crítica a los partidos –a los que se acusa de abandonar sus funciones de integración de demandas sociales y de movilización ciudadana- ha dado lugar a la aparición de iniciativas alternativas para complementar la insatisfactoria acción partidista. Se constituyen asi plataformas ciudadanas, foros cívicos, asociaciones políticas, etc. Tales iniciativas tienen a veces objetivos electorales. En otros casos se centran en propiciar debates y propuestas políticas, etc.
Pero estas alternativas a la hegemonía partidista chocan con la dura resistencia de los propios partidos que no facilitan el acceso al espacio político. Para organizar esta resistencia, los partidos tienden a constituir un “cártel” defensivo, adoptando una conocida figura de la teoría económica (Katz y Mair, 1994).
Cada vez más incrustados en la estructura estatal, los partidos actuales controlan de manera casi monopolística importantes recursos públicos; presupuestarios, simbólicos, puestos de trabajo retribuidos, presencia en medios estatales de comunicación, asesoramiento experto, etc.
Pese a su aparente competencia, los partidos se prestan a pactar con sus adversarios algunos temas básicos (sistemas electorales, reglas parlamentarias, fuentes públicas de financiación) para no perder la situación de ventaja que comparten. Con ello dificultan la entrada en el juego político de nuevos agentes de intervención alternativa. O simplemente los toleran siempre y cuando puedan mantenerlos bajo su control.
Reproducen de esta manera el “cártel” económico entre empresas de un mismo sector que se ponen de acuerdo para la fijación de precios, territorios de distribución, etc., con el fin de cerrar el paso a la aparición de nuevos competidores.
El perjudicado por el “cártel” basado en acuerdos económicos y políticos es, en última instancia, el ciudadano.
Josep M. Vallés
Manual de Ciéncia Política
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